Conforme se empieza a definir la PAC posterior a 2027, nos enfrentamos a desafíos colosales: un contexto geopolítico inestable, la desaparición drástica de explotaciones agrícolas, la pérdida de varios cientos de campesinxs cada día que son rápidamente sustituidos por modelos agrícolas a gran escala e industrializados; pequeñxs campesinxs en situación de pobreza, la monopolización de los medios de producción (agua, tierra, etc.) por parte de unos pocos, fenómenos climáticos y sanitarios extremos cada vez más frecuentes, el agotamiento del suelo, la contaminación vinculada a las prácticas agrícolas, el aumento de la inseguridad alimentaria… y la lista podría ser aún más extensa.
En 2023, la Unión Europea se ha marcado diez objetivos para la PAC. Sin embargo, y por desgracia, cuesta encontrar uno solo que se haya cumplido. En 1962, la firma del Tratado de Roma estableció la PAC con el objetivo de garantizar ingresos satisfactorios para lxs campesinxs, precios justos para lxs consumidores y la estabilidad en los mercados agrícolas. Actualmente, y en vista de las protestas de 2024, está claro que la UE también ha fracasado en alcanzar sus objetivos fundacionales. La edad media de los agricultores en la Unión Europea se sitúa en unos preocupantes 57 años y el drástico aumento de la inseguridad alimentaria aparece retratado por el aumento de las solicitudes de ayuda alimentaria de emergencia y causado por la caída del poder adquisitivo.
No podemos permitir que la próxima reforma ignore esta situación tan deplorable. ECVC pide que esta política pública se diseñe específicamente para poder alcanzar estos objetivos utilizando todos sus instrumentos de la mejor manera posible. Resulta imprescindible recuperar la soberanía alimentaria mediante la regulación de los mercados y un presupuesto sólido que se distribuya de acuerdo a una variedad de criterios que deriven en un verdadero cambio de rumbo. De ello depende la capacidad de producción de alimentos de la agricultura europea para sus ciudadanxs.
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Emma Courtine
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