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Trabajadores rurales y migración
Creemos que no hay justificación para la vulneración de los derechos de los trabajadores agrícolas y exigimos cambios en las políticas europeas y nacionales para garantizar unos ingresos justos a los productores de alimentos y a los trabajadores migrantes y agrícolas, así como el respeto y la protección de sus derechos.
En la Europa rural, las condiciones de trabajo extremas, incluidos los casos de esclavitud moderna, son un problema estructural. El fomento de la agricultura industrial y la desregulación de los mercados agrícolas ha dado lugar a un número creciente de trabajadores agrícolas, y, al mismo tiempo, el número de pequeñxs y medianxs agricultorxs ha disminuido drásticamente. Estos trabajadores son a menudo inmigrantes (internos y externos a la UE) que se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo explotadoras debido a la normativa que impone controles y discriminación a personas extranjeras.
Para nosotros, es inconcebible aceptar tales violaciones de los derechos laborales y sociales, y más aún financiar estas prácticas mediante subvenciones de la PAC distribuidas de forma inadecuada. La inclusión de la condicionalidad social dentro de la PAC fue un paso positivo, pero creemos que una aplicación estricta e inmediata de esta condicionalidad en línea con la UNDROP es esencial para un progreso real.
Key objectives
- Condiciones de trabajo dignas e ingresos decentes para todas las personas que trabajan en las zonas rurales, en consonancia con la Declaración de los Derechos del Campesino, incluso para lxs trabajadorxs asalariadxs.
- Aplicación obligatoria, estricta e inmediata de la condicionalidad social de la PAC.
- La revisión y mejora de las directivas europeas sobre el desplazamiento de trabajadoras y trabajadores en la UE, la situación de lxs temporerxs extracomunitarixs, las empresas intermediarias y las condiciones de trabajo transparentes y previsibles, así como las referidas a los derechos y libertades de inmigrantes y personas refugiadas, que aseguren los mecanismos de regularización.
- Aplicación de la normativa nacional, europea e internacional, como son los convenios de la OIT, la Carta Social Europea, PESC, la Convención Internacional sobre la protección de trabajadorxs migratorixs y de sus familiares del 18 de diciembre de 1990, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, UNDROP.
- Creación de un Observatorio Europeo sobre la situación de trabajadoras y trabajadores rurales con el objetivo de coordinar las inspecciones de trabajo y garantizar el respeto de los derechos sociales y económicos.
- El respeto de los derechos de todxs lxs trabajadorxs rurales, independientemente de su origen, nivel de estabilidad o situación administrativa, y específicamente de su derecho de representación y participación.
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