Una respuesta adecuada a la protesta de lxs agricultorxs: precios justos mediante el refuerzo de la directiva UTP

En los últimos meses, protestas de agricultorxs han bloqueado las ciudades de toda Europa. ECVC cree firmemente que la traducción española de la directiva de la UE sobre Prácticas Comerciales Desleales (UTP) es una buena respuesta a la demanda que unifica la mayoría de protestas: precios justos para los productos de lxs agricultorxs. Aunque otras traducciones nacionales pueden ser interesantes, únicamente en España ha resultado efectiva y ha supuesto una diferencia en el precio de lxs agricultorxs. De hecho, exige que cada eslabón de la cadena alimentaria cubra sus costes de producción, comenzando por lxs productorxs. Aquí se desarrollan algunas de las características clave, que deberían aplicarse a nivel de la UE para reforzar la directiva.

A través de esta ley, lxs productorxs tienen el derecho de denunciar de forma anónima a cualquier parte que compre sus productos a un precio inferior a sus costes de producción que ellos mismos determinan caso por caso. Así, la compra de productos a pérdida puede ser castigada con una multa de entre 3.000 y 100.000€. Es importante imponer multas realmente disuasorias. Los infractores reincidentes pueden recibir una multan más elevada, de 100.000 a 1 millón de euros. En el primer trimestre de 2023, el Gobierno español anunció que 55 compañías habían sido sancionadas[1].

Un instrumento, creado por COAG – una de las organizaciones miembros de ECVC y La Vía Campesina – en 2008, junto a otras dos asociaciones de consumidorxs, ha resultado muy importante para a la hora de brindar transparencia al mercado:

- El Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) publica cada mes un índice para denunciar el abuso de poder y la imposición de precios inferiores a los precios de producción por parte de la industria y la distribución. Este índice nació en 2008 como una iniciativa de agricultorxs y organizaciones de consumidorxs. Esta ascendía a más del 500%, indicando que los mayores beneficiarios de la desregulación del mercado han sido sus operadores más fuertes (generalmente la gran distribución), y que los más perjudicados eran los agricultorxs y consumidorxs, para quienes los precios en origen son muy bajos y, sin embargo, los consumidorxs pagan un precio mucho más elevado del que tendrían que pagar en una situación de mercado regulado.

Los siguientes dos instrumentos funcionales establecen el núcleo de esta ley:

- Primero, La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que constituye el órgano legal de control, dedicado a la recogida anónima de denuncias y sanciones de agricultorxs, organizaciones agrarias, cooperativas y otras entidades de la cadena. Dispone también de capacidad propia para realizar inspecciones ex-officio del cumplimiento y ejecución de los contratos, sobre abusos de precios, falta de contratos agrarios, incumplimientos de plazos de pago y otras prácticas abusivas. Estas sanciones son publicadas una vez son definitivas.

- El Observatorio de la Cadena Alimentaria es el responsable de realizar estudios de precios y costes a lo largo de la cadena de valores de cada producción agrícola y animal. Estos estudios son relevantes ya que forman parte de las posibles referencias de lxs agricultorxs a la hora de negociar sus contratos. Asimismo, debe publicar estudios de costes, evolución del consumo y evolución de los precios de los alimentos.

Otro elemento clave es que en España los contratos – que son obligatorios – deben ser depositados en un registro oficial con el fin de que no puedan introducirse cambios una vez articuladas las demandas.

La UE debe incluir este elevado nivel de control público y transparencia de precios. Asimismo, debería prestar atención a los siguientes elementos:
- Por ley, los precios deben cubrir los costes de producción en cada eslabón de la cadena, empezando por el agricultor/la agricultora, y el coste debe incluir unos ingresos dignos para lxs agricultorxs y todos lxs trabajadorxs agrícolas.
- La venta de productos a pérdida está prohibida.
- Lxs agricultorxs deben cobrar en un plazo máximo de 30 días cuando vendan un producto perecedero y de 60 si los productos son procesados.
- Las sanciones deben ser significantes si no se cumplen los puntos anteriores.
- Los observatorios de precios a nivel nacional y europeo deben proporcionar los niveles de margen neto por marca y fabricante.
- Debe haber transparencia en las condiciones de negociación comercial.

Por último, esta ley no será completamente eficaz si no aborda el comercio internacional, retirando a la OMS de la agricultura y poniendo fin a los acuerdos de libre comercio. Se debe implementar un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria para permitir la relocalización de la producción agrícola y evitar que la producción nacional compita con importaciones que mantienen precios bajos. Además, estos acuerdos de libre comercio agravan la crisis climática y de biodiversidad y dañan los sistemas alimentarios en Europa y el resto del mundo.

La Unión Europea adoptó en abril de 2019 su última revisión de la directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (UTP) en la cadena de suministro agrícola y alimentaria . La directiva prohíbe ciertas “prácticas de comercio desleales” impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro a nivel de la UE en la cadena de suministro agrícola y alimentaria. Sin embargo, aunque la directiva es un paso en la dirección correcta, no alcanza a cubrir legalmente los costes de producción. Como se ha evidenciado en las protestas de lxs agricultorxs, la aplicación nacional no ha mejorado aún el poder de negociación de lxs agricultorxs. Por ello, ECVC insta a la Comisión de la UE a reforzar la directiva a nivel de la UE y una aplicación nacional basado en la ley de la cadena en España.

[1]https://www.aica.gob.es/Data/UPLOAD/PUBLICACION_DE_SANCIONES_01
[2] https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/unfair-trading- practices_en