Ante la noticia de que millones de euros del presupuesto de la PAC se están destinando a la familia del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, la ECVC subraya la importancia de garantizar la limitación, la degresividad y la redistribución de las ayudas en la PAC posterior a 2027. Mientras el Parlamento y el Consejo de la UE definen su postura respecto a la propuesta de la Comisión, queda claro que la definición actual de agricultor activo es problemática y permite que los fondos destinados a apoyar la producción alimentaria en Europa se redirijan de manera peligrosa y perjudicial.
DeSmog, The Guardian, El Diario.es, y G4Media.ro han publicado un importante informe en el que se detalla cómo la familia Al Nahyan, la segunda más rica del mundo, recibió más de 71 millones de euros del presupuesto de la PAC de la UE a lo largo de seis años por las tierras agrícolas que controla en Rumanía, Italia y España.
Al mismo tiempo, la eurodiputada Veronika Vrecionová (ECR) y el eurodiputado Norbert Lins (PPE), presidenta y vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, respectivamente, declararon en un reciente acto parlamentario sobre la degresividad y la limitación de pagos que tienen dudas sobre el uso de estas dos herramientas.
Los pagos por hectárea y las deficiencias de la legislación actual son sencillamente escandalosos: no se ajustan a su finalidad y traicionan al mundo agrícola que las instituciones de la UE dicen defender. La próxima PAC debe ser ambiciosa e incluir medidas sólidas de regulación del mercado para garantizar que quienes trabajan para producir nuestros alimentos reciban precios que les proporcionen ingresos justos. La ECVC insta a los representantes del Parlamento, el Consejo y la Comisión a garantizar que esta PAC posterior a 2027 incluya:
- Los límites máximos de las ayudas deben fijarse en 60.000 euros por beneficiario. El límite de 100 000 euros establecido en el texto actual de la Comisión es demasiado alto y solo afectaría al 0,1 % de las explotaciones.
- Las ayudas de la PAC deben utilizarse para garantizar un salario digno a quienes producen alimentos, y debe revisarse la definición de agricultor activo para excluir a las personas que no realizan labores agrícolas o que perciben ingresos agrícolas mínimos, en particular a las explotaciones y empresas cuyos beneficiarios reales de las ayudas no son agricultores.