Repensar la regulación de los mercados agrícolas para la transición agroecológica en Europa

La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) es objeto de intensas controversias. Sin embargo, las incertidumbres y los riesgos que afectan a la producción agrícola y al suministro de alimentos, tanto dentro de la UE como a escala mundial, suponen una amenaza cada vez mayor. La seguridad del abastecimiento alimentario de la población europea ya no puede darse por sentada.

La primera parte de este informe, redactada por Laurence Roudart y Lou Plateau, esboza brevemente cómo ha evolucionado la PAC desde 1992: la transición del apoyo a los precios de mercado como medida principal a los pagos directos y luego a los pagos directos disociados representó un punto de inflexión importante. A continuación, esta sección repasa la justificación de la intervención pública en el sector agrícola, tal como se entiende dentro de una escuela concreta de economía pública. A continuación, analiza los pagos directos desacoplados en comparación con otros instrumentos de apoyo a la renta agraria: el apoyo a los precios de mercado, los pagos acoplados a la producción, los pagos por superficie, los pagos basados en el uso de insumos variables y los pagos a tanto alzado basados en derechos históricos.

Los estudios económicos a los que se hace referencia en esta primera sección no aportan argumentos suficientemente fundamentados a favor de los pagos directos desacoplados frente al apoyo a los precios de mercado. Algunos de estos estudios concluyen que los pagos acoplados a la producción son más eficaces que los pagos directos desacoplados cuando las externalidades positivas aumentan con el nivel de producción. Otros estudios muestran que, cuando se combinan con cuotas, el apoyo a los precios de mercado y determinados pagos acoplados pueden dar lugar a resultados comparables a los pagos a tanto alzado. Además, las investigaciones de sociología agraria sugieren que los pagos directos disociados han fomentado el desarrollo de explotaciones de tipo corporativo gestionadas por delegación en lugar de por lxs propios agricultorxs.

La segunda parte del informe ofrece una visión general de los instrumentos de regulación del mercado agrícola que pueden utilizarse para promover la transición agroecológica, garantizar unos ingresos decentes a lxs agricultorxs y recrear unas condiciones socioeconómicas propicias para el acceso a la profesión agrícola. En este contexto, es esencial restablecer una política de apoyo a los precios pagados a los agricultores por determinados productos. Dicha política debe estar vinculada a mecanismos de gestión de la oferta para evitar la sobreproducción, y debe ser coherente con las políticas comerciales internacionales.

La PAC actual, que apoya las rentas agrarias mediante pagos disociados sin orientación explícita, fomenta la expansión de las grandes explotaciones productivistas y el declive continuado de la agricultura. Por el contrario, la transición agroecológica implica el desarrollo de una red de explotaciones más numerosas y diversificadas distribuidas por los paisajes agrícolas europeos. Para poder dedicarse a prácticas agrícolas sostenibles, que inicialmente entrañan grandes riesgos, lxs agricultorxs deben asegurarse precios que cubran sus costes de producción. De lo contrario, no pueden asumir estos riesgos.

Hay varias medidas de política agraria que pueden adoptarse para anticiparse a los desequilibrios del mercado y minimizar el riesgo de que surjan futuras crisis. Es importante que se apliquen en colaboración con las organizaciones de productores, en múltiples niveles de intervención. Este tipo de políticas funcionan actualmente en muchos países, como India, Canadá y Noruega. Los análisis empíricos de los sistemas de precios garantizados que cubren los costes de producción de la leche, combinados con la gestión de la oferta, demuestran que estas políticas no conducen necesariamente a un aumento de los costes para los consumidores. De hecho, la desregulación del mercado puede llevar a los agentes posteriores de las cadenas de suministro a aumentar sus márgenes de beneficio, en detrimento tanto de lxs productorxs como de lxs consumidorxs.

El neoliberalismo ha muerto. Nos enfrentamos a una grave crisis ecológica. Dado el nuevo contexto geopolítico y medioambiental mundial, es vital que reformemos la PAC para 2027-34, invirtamos la disminución del número de agricultorxs y avancemos hacia formas de agricultura diversificadas y sostenibles.