En una maniobra calificada como un flagrante desprecio por los procesos democráticos y las inquietudes de la agricultura europea, la Comisión Europea está impulsando la implantación provisional del polémico acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Esta decisión se produce a pesar de que el Parlamento Europeo aún no ha dado su consentimiento y de que está pendiente un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El anuncio de la Comisión, realizado solo un día después de que Argentina y Uruguay avanzaran en sus propios procesos de ratificación, indica la intención de ejecutar provisionalmente el acuerdo sin esperar a que concluya el escrutinio democrático y judicial de la UE. Esto deja de lado, en la práctica, tanto la prerrogativa del Parlamento Europeo de dar su consentimiento como el próximo dictamen del TJUE, un dictamen que el propio Parlamento solicitó.
La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) condena rotundamente esta actitud, que antepone los intereses geopolíticos e industriales a lxs agricultorxs, las comunidades rurales y los fundamentos democráticos de Europa.
«Esta decisión es una profunda traición», afirmó Morgan Ody, miembro del comité de coordinación de ECVC. «La Comisión Europea está ignorando activamente las claras demandas de lxs agricultorxs y trabajadorxs agrícolas de todo el continente. No se trata solo de nosotrxs; también están desestimando el consenso logrado en el propio Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE de la Comisión. Esto es una afrenta a la democracia europea».
La ECVC destaca que el informe de septiembre de 2024 del Diálogo Estratégico Agrícola, resultado de un largo ejercicio de búsqueda de consenso entre todas las partes interesadas de la cadena alimentaria europea, pedía explícitamente una reforma fundamental de la política comercial de la UE. El informe afirmaba claramente: «La Comisión Europea debe reconocer mejor la importancia estratégica de la agricultura y los productos alimenticios en las negociaciones comerciales, llevar a cabo una revisión exhaustiva de sus estrategias de negociación y revisar su método de realización de evaluaciones de impacto antes de las negociaciones comerciales. Además, se necesita un liderazgo más firme en la reforma del marco de la política comercial mundial».
En lugar de atender a este llamamiento en favor de una transición agrícola sostenible y justa, la Comisión parece regirse por la agenda corporativa esbozada en el informe Draghi. A diferencia del Diálogo Estratégico inclusivo, el informe Draghi no fue fruto de un ejercicio democrático, ni contó con una consulta tan amplia con la sociedad civil y el sector agrícola.
«Nunca antes la Comisión Europea se había dejado llevar tan abiertamente por una agenda corporativa en contra de su propio pueblo y, en este caso concreto, en contra de sus propixs agricultorxs», continúa la declaración. «Impulsar un acuerdo que amenaza el sustento de lxs agricultorxs europexs y socava nuestras normas medioambientales y de seguridad alimentaria es un acto de enorme irresponsabilidad. Se trata de anteponer el poder y los beneficios a las personas y la democracia».
ECVC insta al Parlamento Europeo a que utilice todos los medios a su alcance para oponerse a esta maniobra antidemocrática, y a los Estados miembros de la UE a que respeten las preocupaciones de sus ciudadanxs y detengan la aplicación de este acuerdo perjudicial.
ECVC, junto con sus miembrxs, seguirá movilizándose para impedir su entrada en vigor.
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