En la línea de nuestra lucha por la defensa de los derechos campesinos y la promoción de la Soberanía Alimentaria, ECVC apoya la campaña que insta a la UE y sus Estados Miembro a terminar con los privilegios corporativos de los tratados de libre comercio. En concreto se pide el fin de los ISDS (arbitraje de diferencias estado-inversor) y otros sistemas especiales de arbitraje, presentes en numerosos TLC, en los que los inversores pueden demandar a un estado si este aprueba leyes que atenten contra los beneficios de la corporación.

 

La campaña es un instrumento de presión para que los gobiernos se retiren de acuerdos comerciales y de inversión ya existentes que incluyen tanto ISDS como otros mecanismos que minan los derechos de las personas.

 

Más detalles en el enlace –> https://stopisds.org/action/

 

Por último, insta a la UE y sus Estados Miembro a apoyar la consecución de un tratado vinculante en el marco de la ONU para que las corporaciones rindan cuentas de sus violaciones de derechos humanos. La Vía Campesina lleva años implicándose en este ste proceso de las Naciones Unidas. Para más información, pinche aquí .

 

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Comunicado de prensa firmado por La Confederation Paysanne y 16 organizaciones más que alerta a las candidaturas para las elecciones europeas de su deber de vigilar a las multinacionales

 

Seis años después de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh, la campaña sigue imponiendo un marco legal vinculante para las multinacionales. Basada en una petición europea que ya ha alcanzado las 550,000 firmas en tres meses, la campaña “Derechos para los pueblos, normas para las corporaciones” busca movilizar a la ciudadanía para terminar con el sistema de arbitraje de inversiones y conseguir avances considerables en el marco legislativo internacional para garantizar el acceso a la justicia de la población afectada por los abusos de las empresas multinacionales.

 

El 24 de abril del 2013, en Bangladesh, el Rana Plaza implosionó. La caída del edificio de 8 plantas que albergaba 6 fábricas textiles mató a 1,138 mujeres trabajadoras e hirió a más de 2,000. Es el accidente más grave hasta la fecha de toda la industria textil globalizada.

 

Mientras que la OIT recabó fondos  para una indemnización inmediata, como resultado de la iniciativa de ONGs y sindicatos internacionales, fueron necesarios dos años de movilizaciones internacionales para conseguir que las empresas multinacionales implicadas se involucraran. Ante la ausencia de obligaciones legales, las aportaciones de las empresas eran voluntarias. Y algunas de ellas no querían contribuir porque se negaban a reconocer su responsabilidad sobre el desastre.

 

Finalmente, El Fondo de Donantes de Rana Plaza alcanzó los 30 millones de dólares, a repartir entre las más de 3000 personas y familias directamente afectadas. Pero a la hora conseguir justicia real, con una indemnización proporcional al daño sufrido, nos encontramos en la casilla cero. Desde las empresas principales pasando por las empresas cliente, es una misión imposible, a no ser que cambie el marco normativo internacional.

 

La impunidad no puede durar más, las normas deben cambiar. La ley sobre el deber de vigilancia, promulgada en Francia en el 2017, deber servir de ejemplo. Tales obligaciones deben plasmarse en la ley europea e internacional.

 

La campaña “Derechos para los pueblos, normas para las multinacionales” suma asociaciones, sindicatos y movimientos sociales de más de 15 países europeos.

 

Los objetivos principales son los siguientes:

 

•                         Revocar todas las cláusulas de arbitraje estado-inversor de todos los tratados comerciales y de inversión ya existentes, así como rechazar la inclusión de este tipo de cláusulas en tratados futuros.

 

•                         Apoyar la negociación y la ratificación de un tratado sobre multinacionales y derechos humanos en el seno de la ONU, adoptar una directiva europea sobre el deber de vigilacia y garantizar que la ley sobre el deber de vigilancia en Francia se aplica de forma efectiva.

 

En un momento en el que la UE ha decidido dejar en suspensión su participación en las negociaciones de la ONU, y en el que aumentan los acuerdos comerciales y de inversión, las organizaciones de esta campaña instan a las candidaturas de las elecciones europeas a comprometerse para revertir esta tendencia en el momento en que se les haya elegido.

 

Contactos de prensa:

 

Sobre Rana Plaza:

 

Nayla Ajaltouni (Colectivo Ética en la etiqueta), n.ajaltouni@ethique-sur-etiquette.org, 06.62.53.53.34.56

 

Sobre la campaña:

 

Louis Moreau (CCFD-Terre Solidaire), l.moreau@ccfd-terresolidaire.org, 07.80.35.69.00

 

Juliette Renaud (Friends of the Earth), juliette.renaud@amisdelaterre.org, 06.37.65.65.56.40

 

Mathilde Dupré (Institut Veblen), dupre@veblen-institute.org, 06.77.70.49.55

 

Maxime Combes (AITEC), maxime.combes@gmail.com, 06.24.24.51.29.44

 

 

Nota a la edición

 

Acabar con el arbitraje estado-inversor

 

El arbitraje estado-inversor surgió en 1965 como iniciativa del Banco Mundial, en un contexto de descolonialización, para proteger a las grandes corporaciones de los antiguos poderes imperiales de cualquier intento de nacionalizar y expropiar sus activos en las antiguas colonias.

 

Este mecanismo permitía a los inversores denunciar a los estados a través de un sistema judicial paralelo que creció en los 90 y desde su inclusión en la NAFTA. Ahora está presente en más de 3300 acuerdos internationales, incluyendo más de 1400 cerrados por los Estados Miembro, y algunos entre ellos (196). El número de tales acuerdos no cesa de crecer. En ningún lugar puede evitarse la capacidad de empresas e inversores de atacar a los gobiernos.

 

Hasta la fecha, se han identificado 904 casos de arbitraje en sectores como sanidad,  impuestos, medioambiente o salarios. A veces, la mera amenaza de estos tribunales disuade a los estados de legislar, como pasó en Francia con la ley Hulot sobre hidrocarburos, a la que se vació de contenido.

 

Empoderando a las multinationales

 

El 27 de marzo del 2017, Francia promulgó la “ley de la vigilancia de empresas matriz y empresas solicitantes”, más conocida como “la ley del deber de vigilancia” Esta ley marca un momento histórico en la protección de los derechos humanos y medioambientales,  porque exige a las empresa francesas que se prevengan los abusos de derechos humanos y medioambientales resultantes de sus actividades así como las de sus filiales, proveedoras y subcontratadoras en todo el mundo.

 

Única en el mundo, la ley sobre el deber de vigilancia es parte de un marco legal internacional que evoluciona con rapidez. A nivel europeo y de la ONU, hay varias iniciativas en marcha para hacer que las multinacionales rindan cuentas en los tribunales. También se ha estado negociando un proyecto de tratado en la ONU desde el 2015, un proceso apoyado por una fuerte movilización de la sociedad civil internacional.

 

Texto de la petición de “Derechos para los pueblos, normas para las multinationales”

 

“A las presidencias de la Comisión Europea y del Consejo de la UE, a las representaciones de los Estados Miembro y al Parlamento Europeo”

 

Los acuerdos de comercio e inversión hoy en día ofrecen a las multinacionales derechos desorbitantes y el acceso a un sistema de justicia paralelo que les protege.

 

Instamos a la Unión Europea y a todos sus Estados Miembro a acabar con estos privilegios revocando todas las cláusulas sobre arbitraje estado-inversor en los acuerdos de comercio e inversiónn existentes y a evitar incluir tales cláusulas en acuerdos futuros.

 

También instamos a la Unión Europea y a todos sus Estados Miembro a apoyar las actuales negociaciones en el seno de la ONU para la adopción de un tratado vinculante de las empresas multinacionales y de derechos humanos, para acabar con su impunidad.

 

La Unión Europea y todos sus Estados Miembro deben plasmar en su legislación la obligación de las empresas multinacionales de respetar los derechos humanos y el medioambiente en sus actividades y operaciones en todo el mundo.

 

Las víctimas de los daños y violaciones, quienes ven sus derechos humanos vulnerados por las empresas deben tener acceso a la justicia.»