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La novena legislatura del Parlamento Europeo comenzó en 2019 en un ambiente de esperanza y grandes ambiciones. La llegada del Pacto Verde y su estrategia de la granja a la mesa, y en particular sus objetivos, parecían encerrar la promesa de un avance hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Sin embargo, en los últimos dos años, estas políticas han perdido ambición y contenido sustancial en medio de la incertidumbre y el miedo. La situación política global y las políticas públicas europeas se han visto sacudidas por guerras, desastres climáticos y crisis sociales, sanitarias y económicas, caracterizadas por un discurso político cada vez más simplista, populista y polarizado que ha llevado al ascenso de la extrema derecha en muchos países. A esto se suma la presión de las instituciones europeas hacia falsas soluciones como la agricultura del carbono o los OMG. La cuestión es si la UE sirve a los intereses de los ciudadanos o de las empresas.
Los agricultores de la UE están en la calle desde enero de 2024 para reclamar precios justos, el fin del Tratado de Libre Comercio y una PAC más justa, así como la reducción de las cargas administrativas. Este manifiesto se publica en medio de las propuestas y votaciones de la UE, por lo que no se pueden sacar conclusiones rápidas. Sin embargo, los elementos sobre la cadena de valor son prometedores y deben convertirse en acciones concretas; los elementos sobre la simplificación de la burocracia no pueden hacerse sin abordar los enormes retos climáticos y medioambientales de nuestro tiempo. También en este caso es crucial garantizar que se les dé prioridad a los intereses de los agricultores y los ciudadanos.
El impacto en la agricultura y la alimentación ha sido considerable, aunque el contexto ya era incierto. En Europa hay hoy alrededor de 9 millones de explotaciones agrícolas, mientras que en 2003 había 15 millones, la edad media de los agricultores es de 57 años. Luchan por acceder a semillas, tierras, agua y al mercado. Las políticas públicas priorizan los intereses del mercado y las ganancias corporativas por encima de los Derechos Humanos y la alimentación de la población.
Los límites del sistema actual, del desarrollo de la industrialización de la agricultura, en particular de la ganadería, y de los engañosos mecanismos de subvención de la PAC, son cada vez más evidentes. La biodiversidad está colapsando, los suelos se están empobreciendo, el cambio climático se está acelerando y los agricultores son los primeros en pagar el precio.
Sin embargo, frente a todo esto, lxs campesinxs siguen aportando soluciones y esperanza a las poblaciones. Continúan cultivando concretamente un modelo agrícola alternativo y más resiliente, basado en la soberanía alimentaria y la agroecología campesina. Este modelo es capaz de alimentar a todos los ciudadanos, gracias a un enfoque social que permite afrontar múltiples crisis sistémicas y se adapta mejor a las realidades únicas de cada territorio europeo.
Este tipo de agricultura a pequeña escala sólo es posible con un gran número de explotaciones y buenas condiciones de vida y de trabajo para los agricultores y trabajadores agrícolas de toda Europa. Las políticas deben apoyar a los agricultores actuales y permitirles la transición a modelos sostenibles. Estas políticas deben fomentar el relevo generacional para que más personas y más jóvenes puedan incorporarse a la profesión.
Es necesario tender puentes de solidaridad y entendimiento entre las zonas urbanas y rurales y deconstruir la actual retórica polarizadora. Debemos mostrar solidaridad con el resto del mundo y abordar la cuestión de un comercio agrícola internacional más justo
En un contexto de levantamiento agrícola en toda Europa, y mientras las demandas de precios y mercados agrícolas más justos y mejores condiciones laborales se imponen claramente. Las elecciones europeas de junio de 2024 deben permitir a nuestros responsables políticos organizar una transición de los sistemas agrícolas y alimentarios basada en esta visión de soberanía alimentaria.