La equilibrada relación entre las tierras de cultivo y la Política Agrícola Común de la UE

 

 

(Attila Szocs – Ecoruralis)

Junio 2021

 

 

 

Uno puede preguntarse: ¿Por qué deberíamos hacer un esfuerzo mayor para mantener vivo y diverso el paisaje agrario tanto social como ambientalmente? Todo empieza cuando nos damos cuenta de que la tierra no es simplemente un bien. No es solo un activo financiero, sino que es fundamentalmente un recurso natural limitado. En la última década, este recurso natural se ha concentrado y agotado cada vez más masiva y rápidamente en toda Europa, tanto en cantidad como en calidad. Continúa con el entendimiento de que la tierra es un territorio vivo con fuertes funciones sociales, culturales, ambientales y económicas, y una pieza crítica del rompecabezas para aplicar la transición a una nueva generación de agricultorxs ecológicamente regenerativos. En un momento en el que la población agrícola de la Unión Europea (UE), cada vez más envejecida, está a punto de abandonar la agricultura a gran escala, existe una necesidad imperiosa de garantizar el acceso a la tierra a la próxima generación de campesinxs, pequeñxs agricultorxs y trabajadorxs rurales. Solo así lograremos la soberanía alimentaria en Europa.

 

Además, la tierra tiene que considerarse un bien común o territorio en el seno de nuestras sociedades, que salvaguarda los ecosistemas y la biodiversidad cultivada y que debe ser protegido. El derecho y el acceso a la tierra son, por lo tanto, cruciales para la preservación de los derechos humanos, un hecho que ha sido reconocido en un número creciente de instrumentos internacionales, que ponen de relieve que las cuestiones relativas a la tierra son transversales y relevantes en todos los países de la UE.

 

 

Cómo la Política Agrícola Común impulsa la concentración de la tierra

 

La UE afirma no tener una autoridad directa y clara sobre el uso del suelo. Sin embargo, las políticas europeas tienen un gran impacto en la tierra agrícola. La Política Agraria Común (PAC) oficialmente tiene como objetivo fomentar la agricultura familiar y aumentar los ingresos de los trabajadorxs agrícolas, pero la forma en la que se aplica, sobre todo el hecho de que las prestaciones estén vinculadas al número de hectáreas, acelera la concentración de la tierra y afecta a los precios.

 

La PAC, la mayor partida presupuestaria de la UE desde su creación (representa alrededor del 30% del presupuesto total de la UE), ha tenido un impacto especialmente notable en la concentración de la tierra dentro de la Unión.  En efecto, la fórmula de la ayuda por hectárea incita a los agricultorxs ricos a adoptar una estrategia de concentración de fondos y una mentalidad expansiva.

 

Como resultado, la concentración de la tierra es poporcional a la concentración de las ayudas en manos de algunas grandes explotaciones de tierra. Los pagos actuales basados en la superficie benefician a los grandes productores de productos básicos, lo que eleva los precios de la tierra, fomenta la concentración de la misma y dificulta el acceso de nuevos participantes. En 2016, el 6,9 % de las explotaciones de la UE tenían un tamaño de 50 hectáreas o más, pero en conjunto trabajaban dos tercios (68,2 %) de la superficie agrícola utilizada (SAU) de la UE.

 

Aumentar la concentración de la tierra y la desigualdad ha repercutido especialmente a las pequeñas granjas europeas. La UE perdió 4,2 millones de explotaciones (una cuarta parte) en todos los Estados miembros entre 2005 y 2016, de las cuales cerca del 85% eran explotaciones de menos de 5 hectáreas.

 

Una explotación que recibe pagos elevados de la UE tiene más posibilidades de crecer que las explotaciones con medios financieros más escasos. Se ha demostrado que tanto el régimen de pago único por superficie (RPU) como el régimen de pago único (RPU) favorecen la concentración de la tierra al proporcionar a los grandes productores una mayor capacidad financiera y un excedente de capital para la compra de tierras, y al incentivar a las empresas agrícolas a adquirir mayores superficies.

 

La lógica del pago por hectárea crea un bucle de retroalimentación positiva, ya que la concentración de la tierra lleva a su vez a una concentración de la ayuda. Aunque las razones de la concentración y el acaparamiento de tierras son múltiples y a veces están vinculadas a los contextos locales (por ejemplo, los programas de concentración parcelaria en los países de Europa del Este, la corrupción, las inversiones no agrícolas, la urbanización, la energía verde, etc.), no hay que subestimar el impacto del modelo de pago por hectárea. Este impulso hacia la expansión del tamaño de las explotaciones es el objetivo político declarado de la DG AGRI, que lo considera un proceso previsto y necesario de ajuste estructural provocado por la PAC.

 

 

La concentración de la tierra lleva a la concentración de ayudas de la PAC

 

Esto se sustenta en una comprensión particular de quién es un agricultor viable y “activo” (o “agricultor genuino”, como se denominará en la nueva PAC) y, por tanto, elegible y merecedor de recibir ayudas. Actualmente muchas explotaciones europeas son demasiado pequeñas para acceder a los pagos de la PAC, lo que pone de manifiesto la orientación de la PAC hacia la agricultura industrial. Esta orientación está impulsando la concentración de la tierra y excluyendo a lxs pequeñxs y campesinxs productorxs de alimentos, que serán la clave para alcanzar los objetivos de la Estrategia F2F. Las pequeñas explotaciones no deberían excluirse de la eligibilidad de ayudas directa, pero debería priorizarse debido a los servicios sociales y ecosistémicos que ofrecen.

 

Hoy en día la pequeña agricultura sigue siendo la columna vertebral de los sistemas alimentarios y agrícolas europeos y es donde más se necesitan las subvenciones agrícolas de la UE, pero las ayudas de la PAC acaban concentrándose en gran medida en manos de las grandes empresas. Es evidente que la PAC tiene que someterse a una reforma radical y pasar de un marco político orientado a la exportación a otro centrado en la pequeña y mediana agricultura resistente a la crisis, así como en las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.

 

Actualmente en la UE, el 80% de los pagos directos se destinan a solo el 20% de los beneficiarios, con niveles de concentración aún mayores en varios países. Esta cifra es del 94% en Eslovaquia, el 89% en la República Checa, el 85% en Hungría y el 84% en Rumanía.  En total, más del 30% del importe total de las ayudas directas se paga a solo 131.000 de los 6,7 millones de explotaciones agrícolas de la UE (es decir, el 1,95%).

 

Hasta la fecha, las explotaciones de 100 hectáreas o más representan solo el 3% de las explotaciones de la UE, pero cubren el 52% de la superficie agrícola utilizada de la UE. Entre 2003 y 2013, el 96% de las explotaciones que desaparecieron eran de menos de 10 hectáreas y, en la actualidad, dos tercios de todas las explotaciones (las clasificadas como pequeñas o medianas) cubren solo el 11% del terreno. Esta tendencia es aún más fuerte en los Estados miembros que se incorporaron a la UE en 2004 o 2007. Cuando se introdujeron los pagos directos de la PAC en estos países, los precios de la renta y de la tierra aumentaron, al igual que el tamaño de las explotaciones. Este fue el caso concreto de Bulgaria, donde los precios de la tierra aumentaron un 175% entre 2006 y 2014 y el tamaño medio de las grandes explotaciones es de 671 hectáreas, frente a las 300 de la UE.

 

Así, una futura PAC debe reorientar los pagos básicos en función del tamaño de la explotación en hectáreas para dar prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones, así como a lxs jóvenes agricultorxs y a lxs nuevxs participantes, condicionando los pagos a la obtención de resultados medioambientales y sociales positivos, incluido el número de agricultores empleados. Para ello, habría que limitar los pagos directos anuales y reducir progresivamente los pagos a las grandes explotaciones hasta que se modifique por completo el sistema de pagos por superficie no específicos.

 

 

Acceso a la tierra y la PAC de lxs nuevxs trabajadorxs

 

La evaluación del CESE sobre la PAC y la renovación generacional identificó varios desafíos también para lxs jóvenxs agricultorxs y lxs nuevxs trabajadorxs. El mayor obstáculo para lxs jóvenes agricultorxs sigue siendo la disponibilidad de tierras para comprar o alquilar. En la PAC reformada, sin embargo, el acceso a la tierra a través del mercado sigue siendo la única herramienta prevista para construir nuevas explotaciones o apoyar a las más pequeñas. Así, muchas otras posibilidades de acceso a la tierra, desde la puesta a disposición de las tierras comunitarias a lxs jóvenes agricultorxs hasta el desarrollo de políticas para frenar la especulación de la tierra, no se contemplan como parte de la PAC a pesar de su evidente relevancia para la agricultura de la UE y los nueve objetivos de la PAC.

 

Del mismo modo, las innovaciones sociales para apoyar a lxs nuevxs participantes y el acceso a la tierra, los derechos preferentes para lxs agricultorxs agroecológicxs, la creación de un Observatorio de la Tierra de la UE, la ecologización real de la PAC y la igualdad de género en la agricultura podrían fomentarse mediante una distribución más equitativa del gasto de la PAC.

 

Aunque los objetivos y propósitos esbozados en el Pacto Verde, la Estrategia De la Granja a la Mesa y la PAC son alentadores y ambiciosos, la política de la tierra (quién controla qué tierra, cómo se utiliza, durante cuánto tiempo, para qué fines y en beneficio de quién) será clave para determinar el éxito general de estas iniciativas.

 

 

Por una PAC más justa

 

Como figura en el informe, titulado  Raíces de Resiliencia: Política Agraria para una Transición Agroecológica en Europa, los responsables políticos deben integrar las antiguas demandas de política agraria de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil, así como las recomendaciones sobre la tierra del Parlamento Europeo para garantizar el acceso a la tierra de lxs pequeñxs agricultorxs y campesinxs, garantizar la transparencia en torno a las transacciones de tierras y abordar las causas sistémicas del acaparamiento y la concentración de la tierra. Los pagos básicos de la PAC vinculados al tamaño de las explotaciones deben reorientarse para dar prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones, así como a lxs jóvenes agricultorxs y a lxs nuevxs trabajadorxs, mediante la limitación y los pagos redistributivos.

 

Además, los ecoesquemas (una ayuda que se paga a lxs agricultorxs que cumplen criterios ecológicos más allá de los mínimos legales) parecen ser menos ambiciosos de lo esperado. En primer lugar, deberían ser obligatorios en todos los Estados miembros y no considerarse voluntarios para lxs agricultorxs. En segundo lugar, solo representarán entre el 20 y el 30% de las ayudas directas que reciben los Estados miembros de la UE, lo que supone tanto o menos que las actuales medidas de ecologización de la PAC (30%). Además, se espera que los ecoesquemas se centren en permitir a lxs agricultorxs y a los Estados miembros elegir prácticas específicas sin exigir a las explotaciones que conviertan su sistema de producción. Esto implica el riesgo de que las grandes explotaciones con sólidos recursos financieros estén más capacitadas para realizar las inversiones necesarias, mientras que lxs pequeñxs y medianxs agricultorxs pueden quedar excluidos.

 

El modelo de soberanía alimentaria, la agricultura agroecológica y la administración justa de la tierra deben integrarse en la estrategia europea Pacto Verde y De la Granja a la Mesa, junto con la PAC. Esto incluye alejarse de la negociación de Acuerdos de Libre Comercio que son perjudiciales para el planeta y para lxs productorxs de alimentos sostenibles de todo el mundo. También requiere la puesta en marcha de herramientas y legislación a nivel europeo, como un Observatorio Europeo del Suelo, una Directiva del Suelo de la UE y un grupo de trabajo de alto nivel o una iniciativa de diálogo civil permanente para evaluar el impacto de las políticas relacionadas con el suelo y fundamentar la elaboración de futuras políticas. Esto, a su vez, marcará la pauta y animará a los Estados miembros a desarrollar una política agraria nacional y regional que facilite el acceso democrático y transparente a la tierra para la agroecología.