Comunicado de prensa

5 de junio de 2020

 

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El 7 de mayo, en el medio de una gran crisis social, sanitaria y política, el Gobierno boliviano, en su Decreto Supremo no 4232, tomó una medida apresurada y sin consulta previa: en su artículo único permitirá al Comité Nacional de Bioseguridad de Bolivia establecer «procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja genéticamente modificados en sus diferentes manifestaciones, destinados al consumo interno y a la comercialización externa».

 

Varias organizaciones campesinas ya se han pronunciado al respecto, entre ellas la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas de Santa Cruz «Bartolina Sisa».

 

Desgraciadamente, la situación relativa a la COVID-19 está teniendo graves consecuencias en Bolivia, que se manifiestan a través de una crisis social y sanitaria. Además, la situación política tan crítica que encontramos desde el golpe de Estado de noviembre pasado ha empeorado, lo cual impide que los ciudadanos bolivianos actúen y se defiendan contra esta medida, que es otra violación más de sus derechos. Desde Europa, ECVC se une a ellos para expresar su desacuerdo con el Decreto Supremo puesto en marcha en Bolivia.

 

Este decreto va en contra de las regulaciones vigentes en Bolivia, incluyendo varias leyes que prohíben la importación y el cultivo de semillas transgénicas en el país. Asimismo, el decreto es una violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Del mismo modo, constituye un ataque a la salud y a la alimentación sana, además de poner en peligro la biodiversidad y el patrimonio genético del país. Por lo tanto, la totalidad de la soberanía alimentaria del pueblo boliviano está en juego.

 

El actual gobierno de Bolivia nos demuestra con sus acciones que está sacando provecho de la actual pandemia de COVID-19 para favorecer a las empresas transnacionales y a ciertos empresarios locales sin escrúpulos.

 

Hoy solo podemos expresar nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, que es la primera víctima del decreto anunciado por su gobierno. Reiteramos también nuestra profunda preocupación por la violencia y los ataques racistas que afectan cada vez más a la población, especialmente a los miembros más vulnerables de la sociedad boliviana, es decir, las poblaciones indígenas, las clases sociales más desfavorecidas y lxs campesinxs.

 

Por ello, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que se una a nosotros y exprese su rechazo a la violación de los derechos de su pueblo que el Gobierno boliviano intenta perpetrar agrediendo a la agricultura campesina.

 

ECVC también pide a las instituciones internacionales y europeas que aceleren las medidas para restablecer la democracia en Bolivia y, de ese modo, proteger a la población y garantizar el respeto de los derechos humanos.

 

Por último, ECVC hace un llamamiento a todas las organizaciones campesinas y aliadas para que defiendan las semillas indígenas y el modelo de soberanía alimentaria de Bolivia.

 

 

Contactos:

 

Guy Kastler – Grupo de trabajo semillas ECVC: +33 603945721 (FR)

Antonio Onorati – Grupo de trabajo semillas ECVC: +39 3408219456 (EN, FR, IT, ES)

Alessandra Turco – Comité de coordinación de ECVC: + 39 3476427170 (IT, ES)