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En vista de la crisis de la COVID-19, los intérpretes autónomos que trabajan para las instituciones europeas se han quedado sin la ayuda económica de emergencia adecuada. La UE se beneficia de la medida de ahorro de costes que supone emplear a intérpretes de conferencias acreditados (ACI) de forma autónoma, a pesar de que a menudo es su único empleador. Como consecuencia de la paralización de las instituciones durante el confinamiento, se han reducido todas las fuentes de ingresos de los ACI, pero, debido a su relación contractual con la UE, estos se han quedado con poca o ninguna compensación.

 

El papel de los intérpretes es esencial para la toma de decisiones y las consultas democráticas en la UE. Además, los intérpretes y traductores son esenciales para la labor de la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC). Así pues, ECVC se solidariza con todo los intérpretes afectados por esta pandemia y concretamente exige que la UE consulte a los ACI, con el fin de proporcionar recursos suficientes y prestar una ayuda económica de emergencia durante los cambios causados por la pandemia de la COVID-19.

 

A pesar de los llamamientos de solidaridad de los dirigentes de la UE durante toda la pandemia, hasta la fecha, el único apoyo que la UE ha ofrecido a los ACI es un pequeño pago por adelantado de su futuro trabajo. Esto ha tenido lugar después de cancelar 60 días antes todos los contratos diarios de ACI; de esta forma, se ha evitado la necesidad contractual de pagar una compensación.

 

A pesar de que la discriminación por motivos de idioma está prohibida por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ECVC desea subrayar que en los últimos diez años se ha reducido considerablemente el número de espacios institucionales que prestan servicios de interpretación. Esto ha permitido que solo puedan participar en ellos los expertos y los ciudadanos (europeos) que hablan inglés. Para ECVC, esto reduce la calidad de los mecanismos de consulta dentro de la UE y discrimina a los miembros de las organizaciones campesinas que no hablan inglés. Esto se ha visto complicado por la COVID-19, ya que no se han proporcionado servicios de interpretación para las reuniones del Grupo de Diálogo Civil, que normalmente se realizaban en varios idiomas.

 

Esto está en clara contradicción con el derecho de los campesinos a una participación activa y libre en los procesos de toma de decisiones, como se reconoce en los artículos 10 y 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. En particular, el artículo 11 establece que «Los estados adoptarán medidas apropiadas para promover el acceso de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a un sistema justo, imparcial y apropiado de evaluación y certificación de la calidad de sus productos, en los planos local, nacional e internacional, y promover su participación en su formulación».

 

Por tanto, ECVC también destaca el importante papel que desempeñan los intérpretes y traductores en la democracia de la UE y exige que las instituciones de la UE proporcionen interpretación siempre que sea necesario, para garantizar y respetar el derecho de participación de todos los ciudadanos de la UE (artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE).

 

Para más información sobre la lucha de los intérpretes ACI para conseguir ayuda financiera, puede visitar https://www.euaid4interpreters.eu/es/.

 

Contactos: Alisha Sesum – Responsable de Comunicación de ECVC – +447557537289 – EN, ES, FR

Andoni García Arriola – Comité de Coordinación de ECVC: +34 636 451 569 – ES, EUZ