El 5 de julio, la Comisión publicó su propuesta de directiva sobre el suelo. Lo que iba a ser una "Ley sobre la salud del suelo" se ha convertido en una ley sobre la "evaluación" de la salud del suelo, sin medidas vinculantes. La ECVC acoge con satisfacción esta ley, que por fin otorga al suelo el mismo estatus jurídico que al aire y al agua. Sin embargo, para proteger plenamente este precioso bien común, necesitamos políticas públicas ambiciosas en materia de regulación de la tenencia de la tierra.
Esta propuesta de directiva sigue siendo demasiado flexible para garantizar la consecución de los objetivos de la Estrategia para el Suelo de aquí a 2050. No se frena suficientemente la tendencia a la artificialización del suelo, y la propuesta corre el riesgo de legitimar aún más la agricultura del carbono mediante la certificación de suelos sanos.
Con todo, vemos algunos puntos muy positivos. Esta propuesta allana el camino para una acción reguladora de las tierras agrícolas en Europa. De adoptarse, sentaría un precedente para la regulación del suelo y establecería la base jurídica para preservar este bien común: la magnitud del problema, su aspecto transfronterizo, la necesidad de una actuación coordinada y la garantía de mejores resultados mediante una legislación europea que armonice los mercados y equilibre la competencia, por ejemplo, justifican la actuación de la UE en materia de tierras.
Hoy, para proteger el suelo, hay que ir más lejos y garantizar a los agricultores un acceso estable y a largo plazo a las tierras agrícolas y su reparto, en particular mediante la introducción de arrendamientos de tierras a largo plazo en toda Europa. Sólo garantizando el acceso a la tierra podrán los agricultores invertir a largo plazo en la salud de sus suelos y se sentirán más inclinados a adoptar prácticas virtuosas. Luchar contra la concentración de tierras mediante un reparto más equitativo de esas es una condición previa para restablecer la salud de los suelos: la concentración parcelaria conduce a la industrialización de las prácticas, mientras que, a la inversa, repartiendo las tierras y favoreciendo la instalación de un gran número de agricultores, podemos fomentar prácticas agrícolas sanas. Del mismo modo, cualquier reflexión sobre prácticas virtuosas debe basarse en la agroecología, que aprovecha las sinergias entre las diferentes especies vegetales y animales para mejorar los servicios ecológicos y la productividad agrícola.
Por eso Europa necesita una regulación pública armonizada de las tierras agrícolas: hay que superar la paradoja de un mercado común de productos agrícolas sin una política estructural común sobre el principal factor de producción, la tierra. Proteger el suelo significa asegurar el relevo generacional y apoyar la agroecología. Proteger el suelo es garantizar el derecho a la tierra, clave para la renovación generacional, la lucha contra el cambio climático, la crisis de la biodiversidad y la crisis socioeconómica a la que nos enfrentamos. Por eso pedimos una directiva europea sobre las tierras agrícolas, para garantizar suelos sanos y un campo vivo.
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