En Europa, como en la mayor parte del mundo, los tratados de libre comercio (TLC) se han convertido en el medio por excelencia que utilizan las empresas multinacionales y las grandes empresas para extender la conquista de nuevos mercados.

 

Estas corporaciones han sido presentadas como la panacea para la crisis económica que afecta a muchas regiones del mundo. Sin embargo, a través de los TLC, únicamente promueven el crecimiento de su propio poder y riqueza. Así, asedian nuestras instituciones públicas, desmantelan normativas (laborales, ambientales, de salud) e intentan neutralizar la sociedad civil y nuestra lucha por las reformas sociales.

 

Para nosotros, agricultores, los desafíos son aún mayores. Por un lado, tenemos el dumping de los excedentes agroindustriales en nuestras regiones. Esto es para nosotros un golpe fatal, ya que precios tan reducidos no nos permiten cubrir los costes de producción ni tener un salario mínimo.  Por otro lado, los acuerdos de libre comercio que paralizan las políticas públicas como la Política Agraria Común (PAC), pues provocan el abandono de las normativas vigentes y el control de la producción para adaptarla al mercado mundial y a la cadena alimentaria industrial, donde el proveedor más barato es el que exporta. El engaño consiste en decir que los agricultores, los consumidores y la naturaleza tienen los mismos intereses que las grandes empresas.

 

¿Se pueden mejorar los TLC? La pregunta debería ser, más bien, si un acuerdo que ha sido construido íntegramente por las multinacionales y las grandes empresas puede estar al servicio del pueblo.

 

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) encarna, precisamente, todo lo mencionado anteriormente.

 

Tenemos, por un lado, la abolición de los aranceles sobre casi todas las mercancías y el aumento de las cuotas de importación. Si el CETA entra en funcionamiento, la cuota de la UE para las importaciones de carne de vacuno y porcino se multiplicará por catorce en comparación con los niveles actuales. ¡El problema es que ya hay un excedente de carne en Europa! ¡Y está generando unos precios de productor destructivos! La importación de carne de vacuno canadiense libre de impuestos implica la concesión de cuotas aún mayores a otros países (Mercosur, Australia, Nueva Zelanda…) en los que los costes de producción son aún más bajos.

 

La prioridad debe ser regular la producción, asegurar la continuidad de la agricultura local, no autorizar la entrada de más carne de vacuno y de porcino[1]. Por lo contrario, el aumento de las cuotas lácteas en el acuerdo facilitaría las exportaciones adicionales de queso a Canadá, ejerciendo una presión considerable sobre el sector lácteo canadiense, el cual proporciona actualmente a los productores lácteos canadienses unos ingresos estables y justos a través de un sistema de gestión del abastecimiento. A diferencia de la UE, que frenó la regulación de la producción lechera en 2015, llevando a la bancarrota a innumerables productores de leche, el sistema canadiense asigna a sus productores una cuota de producción, multándolos por cada litro de leche que exceda la cuota. De esta forma, se mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda interna.

 

 

Con el pretexto de “armonizar”, el CETA y otros tratados de libre comercio crean herramientas de cooperación regulatoria, o más bien “cooperación desreguladora”. La idea es que, gradualmente, al tener las mismas normas a ambos lados del Atlántico, el comercio será más fácil y los beneficios mayores. En este sentido, podríamos prever el uso generalizado, en nuestra región, de la antibioterapia, de hormonas en el ganado, de gallinas lavadas con cloro y el consumo de animales clonados, prácticas actualmente prohibidas en Europa.

 

La industria biotecnológica es otro sector que encabeza la implantación del CETA. Las estrictas normas de la UE para los productos biotecnológicos constituyen una barrera para muchos exportadores canadienses, que emplean una gama más amplia de OMG que la permitida en la UE. Ya en 2003, Canadá intentó invalidar el reglamento de la UE sobre OMG ante la OMC. Se está preparando otro intento con CETA.

 

Este TLC no cuestiona abiertamente el reglamento europeo de los OMG, sino que obliga a ambas partes a aproximar sus respectivas normativas y, en particular, a presentar a la otra parte cualquier nuevo proyecto de reglamento incluso antes de presentarlo a sus propios órganos políticos de toma de decisiones. (Parlamento Europeo y Consejo). La sentencia del TJE del verano pasado sobre los nuevos OMG exige que la UE elabore medidas de aplicación o, como han sugerido varios Estados, que revise su directiva. Con el CETA, estos procesos sólo podrán llevarse a cabo con el acuerdo de Canadá antes de que se adopte una decisión reglamentaria o legislativa europea definitiva.

 

Con esto en primer plano, otro clavo en el ataúd del futuro reglamento OMG de la UE podría ser el acuerdo entre ambas partes en el marco de CETA “para promover un proceso eficiente de aprobación de productos biotecnológicos basado en la ciencia”. Las empresas norteamericanas y biotecnológicas aborrecen el principio de precaución de la UE, que exige que se demuestre que el producto es inocuo para los seres humanos y el medio ambiente antes de que salga al mercado. Por el contrario, en lo que respecta a la perspectiva de los intereses corporativos, no se puede prohibir un producto si el riesgo no es absoluto. Este es un enfoque que les gusta denominar “basado en la ciencia”.

 

Por último, algunos países, como Francia, verán cuestionada su propia legislación sobre derechos de propiedad intelectual debido al CETA, que no reconoce la cancelación de la protección de la patente si la información genética patentada aparece accidentalmente en las semillas (por ejemplo, la contaminación por OMG), ni prohíbe la incautación de cultivos de semillas conservadas en granja si existe una presunción de falsificación (por ejemplo, la contaminación por OMG).*

 

El ISDS: el colmo de la indulgencia hacia el sector corporativo. No sólo presente en el CETA, sino también en muchos otros TLC, el tribunal de arbitraje de resolución de conflictos entre compañías privadas y Estados (ISDS o ICS) permite a las grandes empresas eludir los tribunales públicos y crea una jurisdicción especial accesible sólo para ellas, donde los jueces privados, pagados por las empresas, examinan los casos. Si una empresa considera que la reciente aplicación de una política pública de un gobierno -como una normativa ambiental o laboral más estricta- pone en riesgo sus beneficios, puede llevar al Estado (o a la UE) ante el ISDS. En la práctica, esto ha dado lugar a casos como el de Vattenfall, el gigante energético sueco, que en 2009 demandó al gobierno alemán por las restricciones ambientales impuestas a una de sus centrales eléctricas de carbón y ganó el caso, o la tabacalera Philip Morris que desafió las medidas de control del tabaco en Uruguay, destinadas a reducir el consumo, y exigió una compensación por las pérdidas de beneficios**. El ISDS es un instrumento que defiende los intereses de las multinacionales en contra de los derechos y la soberanía de los pueblos y estados. El ISDS choca frontalmente con la Soberanía Alimentaria.

 

 

Los agricultores, los trabajadores y los consumidores tienen un interés común en la lucha contra estos tratados. El objetivo de todos y cada uno de estos tratados es reducir las barreras arancelarias. Pero quizás, el objetivo más importante es neutralizar, mediante estratagemas como el ISDS, nuestra capacidad de defendernos a través de nuestras instituciones políticas. Son estas imposiciones políticas integradas en los TLC, las que constituyen un ataque implacable a los derechos de los agricultores y trabajadores.

 

Sin embargo, una lucha de esta índole revela la imposibilidad de luchar de forma consolidada en nuestro sector o país. La escala de esta lucha es intersectorial e internacional. Para combatir los tratados transnacionales de libre comercio de la élite corporativa, como el CETA y compañía, sólo podemos luchar por un movimiento internacional de base fuerte que impulse las inversiones que respondan a nuestros desafíos globales; que promuevan nuestra Soberanía Alimentaria, en la que participen organizaciones de agricultores, trabajadores y consumidores empoderados; y que determinen lo que se necesita en términos de justicia social, salud pública, desarrollo rural y protección ambiental.

 

 

Ganaderos, campesinos, trabajadores ciudadanos: ¡unámonos este viernes 25/01 contra el CETA y otros acuerdos nocivos!

 

Para más información, haga clic aquí o escriba a info@eurovia.org

 

 

fotos: @BBC: Ganaderos belgas votan su leche, más aquí  ; @WochitNews

 

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Nota a los editores:

 

* Cabe señalar que los OMG procedentes de las nuevas técnicas de mutagénesis de Canadá ya llegan a los puertos de la UE sin etiquetado ni identificación de variedades y circulan, en violación de la normativa comunitaria sobre OMG. La colza y la soja derivadas de estas técnicas (en este caso, la mutagénesis dirigida por oligonucleótidos) se cultivan en Canadá y los Estados Unidos (vinculados a Canadá mediante otro TLC). La sentencia del TJE del 25 de julio exige que la UE regule los OMG derivados de estas nuevas técnicas de mutagénesis y, por tanto, que los evalúe y los etiquete en caso de autorización. Canadá, por su parte, no los regula. Este problema sólo podrá resolverse cuando la UE decida dotarse de los medios para identificarlos.

 

** No todos los gobiernos de la UE están dispuestos a poner voluntariamente una camisa de fuerza a su propio poder. En septiembre de 2017, como condición para ratificar CETA, el gobierno belga solicitó al Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) su opinión sobre la compatibilidad del ISDS con la legislación de la UE, como parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno federal belga y su parlamento regional de Valonia, después de que este último hubiera amenazado con bloquear el CETA. Se espera que el 29 de enero de 2019 el TJCE emita su opinión. 

[1] Berit Thomson – http://s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2018/11/Making-sense-of-CETA-2018.pdf