Puede encontrar la carta abierta en pdf aquí.

 

Estimada presidenta de la Comisión, von der Leyen,

 

Estimado presidente del Parlamento Europeo, Sassoli,

 

Enviamos esta carta como organización europea que representa a 31 campesinos, pequeños y medianos agricultores y organizaciones de trabajadores agrícolas del continente europeo.

 

Como sabrán, el 77% de las explotaciones agrícolas de la UE cuenta con menos de 10 hectáreas y el 70% tiene un tamaño económico inferior a 8000 euros/año (EUROSTAT 2020). Hoy en día, incluso somos los pequeños y medianos agricultores los que proporcionamos la mayor parte de los alimentos a la población europea. En Italia, por ejemplo, las grandes explotaciones producen solo el 5,4% de la producción nacional, mientras que las pequeñas producen el 25,5% de la producción total. En 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), reconociendo la importancia que este colectivo tiene en el futuro de nuestra sociedad, pero también la discriminación estructural que sufrimos en comparación con otros sectores de la misma. Por ejemplo, en Europa nuestra renta media es muy inferior a la del resto de la sociedad.

 

La UNDROP pide a los Estados «que adopten medidas apropiadas para eliminar las condiciones que causan o contribuyen a perpetuar la discriminación, incluidas las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, contra los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» (art. 3).  En particular, en el artículo 2 de la declaración se establece que «los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales por conducto de sus propias instituciones representativas, recabando el apoyo de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales que puedan verse afectados por las decisiones antes de que estas se adopten, y respondiendo a sus contribuciones, teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes entre las distintas partes y garantizando la participación activa, libre, efectiva, significativa e informada de las personas y los grupos en los procesos de adopción de decisiones conexos».

 

Además, el artículo 10 establece que «Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a participar activa y libremente, por conducto de sus organizaciones representativas, en la elaboración y aplicación de las políticas, los programas y los proyectos que puedan afectar a sus vidas, sus tierras y sus medios de subsistencia».

 

Como sabrán, nuestra organización y nuestros miembros hablan idiomas muy diferentes. Consideramos que tenemos el derecho a una participación de calidad en todos los asuntos que nos conciernen, y esto solo puede lograrse mediante la libre expresión (y el entendimiento) en nuestra lengua materna.

 

Este derecho está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, la cual «prohíbe la discriminación por razón de lengua» (artículo 21) e «impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística» (artículo 22).

 

Además, hay que tener en cuenta, por un lado, que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión «respeta la riqueza de su diversidad cultural y lingüística». Por otro lado, el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) subraya que «la acción de la Unión se encaminará a desarrollar la dimensión europea de la educación, en particular mediante la enseñanza y la difusión de las lenguas de los Estados miembros», respetando plenamente su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

 

En este contexto en particular (aunque esto es bastante frecuente también en los procesos de consulta en los últimos años), la CE publicó el 24 de septiembre una iniciativa para proponer un marco legal para las plantas obtenidas por mutagénesis dirigida y cisgénesis y para sus productos alimenticios y piensos. La CE publicó una evaluación de impacto inicial sobre la base de esta iniciativa, exclusivamente en inglés y abrió un plazo de respuesta de 29 días.

 

Consideramos que este comportamiento vulnera el derecho a la participación de calidad de nuestros miembros en un tema de extrema importancia para nuestra circunscripción.

 

Solicitamos que la CE deje de publicar documentos solo en inglés para un asunto tan importante que afecta a los campesinos y que garantice a nuestras organizaciones el acceso a todos los documentos de la Unión Europea en las diferentes lenguas oficiales y si esto no es posible, al menos en español, inglés y francés, tal y como se hace en Naciones Unidas.

 

Esperamos tener noticias suyas.

 

Saludos cordiales,

 

Miembros del Comité de Coordinación de ECVC