Carta abierta a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo sobre medidas urgentes y necesarias en Europa para l*s trabajador*s rurales en el contexto de la COVID-19

 

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A:

Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides

Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski

Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius

Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit

Comisaria de Igualdad, Helena Dalli

Presidente da la Comisión del Parlamento Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Nobert Lins

Presidente de la Subcomisión del Parlamento Europeo de Derechos Humanos, Maria Arena

Presidente de la Comisión del Parlamento Europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Presidente de la Comisión del Parlamento Europeo de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Pascal Canfin

 

CC:

Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel

 

Este 1 de mayo celebramos el Día Internacional de las Personas Trabajadoras en un contexto especial y extraordinario, como es el de la profunda crisis social y económica generada por la pandemia de la COVID-19. Una crisis que está demostrando la necesidad de la clase trabajadora para el funcionamiento de la economía global y su especial situación de vulnerabilidad, exclusión y pobreza que la hace ser la más afectada por sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas. El gran desafío actual es evaluar si la recuperación económica que se emprenderá después de la pandemia recaerá una vez más sobre las espaldas de las personas trabajadoras y las excluidas o, si será una oportunidad para abordar las reformas estructurales necesarias que permitan cubrir las necesidades básicas de la población, la cohesión social y el respeto de los derechos humanos por el poder del mercado y los beneficios de la banca y las grandes corporaciones.

 

En este contexto, la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC), con el apoyo de otras organizaciones, queremos expresar nuestro inquebrantable compromiso y solidaridad con las personas trabajadoras de todos los países, autóctonas y migrantes, y en especial con las del ámbito rural y del sector agrario, forestal, pastoral y de la pesca, necesarias para garantizar el suministro de alimentos para toda la población. En estos meses hemos apoyado las múltiples iniciativas y propuestas realizadas en ese sentido por sindicatos de trabajador*s, asociaciones de migrantes y entidades de la sociedad civil. Ahora venimos a exponer la necesidad de que tanto la gestión de esta crisis como en general las políticas sociales y económicas europeas, la PAC, el Pacto Verde, la estrategia de la Granja a la Mesa y otras, deben imprescindiblemente contemplar los intereses y los derechos de este sector de la población.

 

Por ello, ante la afectación del sector primario de producción por las medidas de confinamiento de la población, restricción de la movilidad y suspensión de múltiples actividades económicas, tomadas por los diferentes gobiernos europeos frente al avance de la pandemia de la COVID-19, desde ECVC no podemos aceptar que el mantenimiento de la producción alimentaria se haga a costa de la salud, los derechos y la dignidad de l*s trabajador*s rurales y migrantes.

 

En general se ha venido a agravar una situación ya de por sí difícil para l*s trabajador*s agrari*s, en condiciones estructurales de gran vulnerabilidad y precariedad laboral, de vivienda y servicios sociales, así como de discriminación por su condición de migrantes.

 

El necesario mantenimiento de la actividad productiva en el campo, manipulado, transporte y comercialización de productos agrarios para asegurar la alimentación de la población, no se ha visto acompañado de medidas adecuadas y recursos suficientes. Se han primado los intereses económicos de las grandes compañías de producción y comercialización por encima de la salud y los derechos básicos de trabajador*s rurales, y migrantes.

 

En efecto, nos encontramos con una falta de material de protección en los puestos de trabajo (como mascarillas o equipos de prevención) o de controles necesarios como test, condiciones higiénicas y distanciamiento entre las personas; todo ello en unas condiciones laborales ya de por sí estresantes y bajo presión permanente. Tampoco se ha garantizado un transporte seguro, poniéndose incluso restricciones al número de pasajer*s sin brindar una alternativa. Son comunes los casos de presión para alargar las jornadas (en Francia legalmente ampliada de 48 a 60 horas por semana), además de reducciones de derechos y despidos. En general los gobiernos no han asegurado una cobertura económica suficiente e inmediata que permita a l*s trabajador*s optar por permanecer en sus hogares ante situaciones de riesgo o asegurar sus necesidades básicas cuando han perdido su trabajo o no pueden acceder al mismo a causa de las restricciones de desplazamiento.

 

Esta situación es aún más extrema en las comunidades de trabajador*s temporer*s migrantes que viven en asentamientos informales o barrios marginales (como en Andalucía o en el sur de Italia) sin condiciones higiénicas ni servicios esenciales adecuados, a los que la obligación de confinamiento, les impone un alto riesgo para su salud y falta de recursos, alimentos y agua potable. Las leyes de extranjería crean problemas añadidos de documentación para l*s trabajador*s migrantes sin autorización de trabajo o con permisos caducados, que dificulta el ejercicio de sus derechos laborales, sociales y sanitarios. Las regularizaciones previstas en algunos estados son insuficientes, ya que no contemplan una cobertura integral de derechos de l*s migrantes sino que son diseñadas solo en función de las necesidades de mano de obra.

 

El cierre de las fronteras internas y extracomunitarias ha ocasionado una alarmante falta de mano de obra, ya que ha restringido el desplazamiento de cientos de miles trabajador*s agrari*s, que normalmente atienden las campañas agrícolas en Europa. No obstante, una vez más el discurso y las medidas se focalizan en mantener la producción y comercialización y no en los derechos humanos de l*s trabajador*s. Así en países de Europa del Este como Rumanía se han flexibilizado las restricciones fronterizas para permitir el desplazamiento de miles de personas a las explotaciones alemanas, sin controles ni garantías sanitarias adecuadas. Y por otra parte, se han implementado políticas gubernamentales de motivación de trabajador*s locales para la agricultura, permitiendo cobrar a la vez prestaciones económicas con el salario agrario, sin reconocer que en la mayoría de los casos los bajos salarios y las pésimas condiciones hacen que solo l*s temporer*s migrantes acepten estos trabajos, debido a su necesidad extrema y vulnerabilidad.

 

Consideramos que para superar la pandemia de la COVID-19 los estados y las instituciones europeas deben velar en primer lugar por los derechos fundamentales de las personas, asegurando el cumplimiento del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Derechos de l*s Campesin*s y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, la Convención Internacional sobre los Derechos de Tod*s l*s Trabajador*s Migrantes y sus Familias, así como los convenios de la OIT relevantes, en especial el Convenio 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura.

 

Por todo ello, solicitamos una serie de MEDIDAS URGENTES que vengan a garantizar la salud, el empleo, la vivienda y unos ingresos suficientes para l*s trabajador*s rurales y migrantes, y que con su trabajo puedan seguir contribuyendo a la producción de alimentos para el conjunto de la población:

 

Vivienda y necesidades básicas

 

– Movilización urgente de fondos de la UE y de los Estados para reforzar los servicios sanitarios y sociales esenciales para la prevención y atención de la pandemia en el ámbito rural con cobertura universal, y para asegurar condiciones sanitarias adecuadas en las viviendas y alojamientos de trabajador*s, en especial en los asentamientos informales. Se debe procurar con urgencia el acceso al agua potable, a alimentos y recursos suficientes, cuando vean mermadas sus capacidades de desplazamiento o no tengan empleo ni prestaciones sociales.

 

– Acuerdo europeo para que los Estados aseguren a las personas migrantes y refugiadas, a través de una regularización extraordinaria, el acceso a la obtención y renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo sin ningún obstáculo, a fin de poder mantener su relación laboral en condiciones adecuadas y garantizar la atención sanitaria y social necesaria, en situación de igualdad con el resto de trabajador*s. Este acuerdo implica también la liberación inmediata de todas las personas retenidas en Centros de Internamiento, con apoyo sanitario y socioeconómico, y eliminación de todo tipo de acción policial y de seguridad discriminatoria, basada en la identificación por perfil étnico, con sanciones efectivas y rigurosas a sus responsables.

 

– Acuerdo europeo y movilización urgente de Fondos especiales para que los Estados aseguren una Renta Básica suficiente y sin condiciones para tod*s l*s trabajador*s rurales, independientemente de su situación legal administrativa o tipo de relación laboral, que les permita subsistir dignamente con su familia en casos de pérdida o carencia de empleo, teniendo en cuenta la situación especial de l*s trabajador*s migrantes desplazad*s por el sistema de contingentes en caso de que su relación laboral se vea afectada por las restricciones de movilidad.

 

Empleo y protección sanitaria en el puesto de trabajo

 

– Prohibición de los despidos y de la imposición de prolongaciones de jornadas, además de garantizar el pleno respeto de los derechos laborales e ingresos suficientes en cualquier circunstancia y sin ningún tipo de discriminación. Garantía de continuidad de la relación laboral posterior al estado de alarma en los casos de suspensión de trabajo a causa de la crisis sanitaria.

 

– Garantía de prestaciones económicas (100% del salario) y sanitarias adecuadas a l*s trabajador*s potencialmente expuestos para que no se vean obligad*s a continuar trabajando en vez de ir voluntariamente a autocuarentena o acceder a la baja médica.

 

– Obligación a l*s empleador*s de ofrecer un transporte seguro y una vivienda adecuada a tod*s sus trabajador*s, así como de incrementar los descansos durante la jornada laboral para permitir medidas de higiene y la adecuación del ritmo de trabajo a las necesidades de alejamientos, seguridad y tranquilidad.

 

– Definición y aplicación de protocolos europeos de respeto de condiciones sanitarias y protección de riesgos laborales contra la COVID-19 durante el transporte y en el centro de trabajo, incluidas pruebas rápidas y provisión de equipos de protección adecuados en el campo y en las plantas de procesamiento, garantizado por las autoridades responsables y la Inspección de Trabajo, que debe ser reforzada en estas circunstancias.

 

– Asunción por parte de la UE y de los gobiernos de los países de origen y de destino de l*s temporer*s del sector agrario y alimentario desplazad*s durante la pandemia de la COVID-19, de la responsabilidad solidaria sobre la seguridad de l*s mism*s, garantizando la aplicación de todas las medidas de prevención necesarias en la convocatoria, en el transporte (incluyendo estaciones y aeropuertos) y en el puesto de trabajo en el país de acogida, con obligación de informar a l*s trabajador*s sobre las medidas de prevención. Esta responsabilidad solidaria se extiende a los casos de seguimiento sanitario y social en casos de contagio, y de control al momento del regreso.

 

– Imposición en todos los casos de las responsabilidades contractuales y legales tanto para las empresas intermediarias de empleo (ETTs), subcontratas y explotaciones agrarias en donde se realiza la prestación laboral, con especial atención en los casos de desplazamientos internacionales.

 

Políticas públicas: Condicionalidad social de la PAC y otras ayudas de emergencia

 

Condicionalidad social de la PAC y de toda ayuda pública, que debe implicar el mantenimiento del empleo como condición inexcusable, salarios suficientes, así como la existencia de condiciones laborales, sociales y de vivienda legales y dignas.

 

Protocolo europeo de empleo agrario en que se permita la contratación legal de cualquier trabajador*, autócton* o migrante, independientemente de su situación documental administrativa, y se garantice el cumplimiento de salarios y condiciones laborales y de vivienda legales, dignas y suficientes, mediante la vigilancia y control de la Inspección de Trabajo y de Comisiones Territoriales de Empleo Agrario. Se debe garantizar y facilitar el mantenimiento de la actividad de los sindicatos, de centros de mediación y de los tribunales para canalizar las denuncias de l*s trabajador*s durante las campañas agrícolas durante la pandemia.

 

La actual crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de contradicciones y desequilibrios socioeconómicos previos que causan el agravamiento de la crisis y nos exponen a una enorme vulnerabilidad frente a posibles nuevas pandemias o crisis similares de carácter global. Entre estas causas se encuentran sin duda la privatización de los servicios públicos, así como la marginalización de la producción agraria a pequeña escala y del mundo rural en general. Se ha evidenciado la gran dependencia del sector agrario europeo de l*s trabajador*s migrantes en una realidad de violación sistemática de sus derechos laborales, sociales y documentales. La visibilización de estas circunstancias plantea la oportunidad de abordar reformas estructurales que garanticen los derechos básicos del campesinado y l*s trabajador*s rurales, y el mantenimiento de su contribución esencial a la economía, al planeta, a la salud pública y a la cohesión de nuestra sociedad.

 

Para ello consideramos imprescindible trabajar en un gran acuerdo que contemple la defensa del sistema sanitario público y el cuidado de la salud de las personas, del suelo, el medioambiente y alimentos sanos y nutritivos para todas las personas. Un acuerdo con fondos especiales para salvar las vidas de todas las personas de enfermedades, pero también de la marginalidad social, las guerras y los naufragios en el Mediterráneo. Asimismo, sería conveniente realizar las modificaciones necesarias a las Directivas Europeas sobre Migración y Refugio, sobre Trabajadores Temporeros y sobre Desplazamiento de Trabajadores, a fin de garantizar la regulación de los flujos migratorios y la contratación, transporte y prestación laboral de l*s temporer*s agrícolas desde la primacía de los derechos humanos y no de los beneficios del mercado. Se debe garantizar el respeto al derecho de asilo, la documentación y no discriminación de los migrantes, la estabilidad y los derechos laborales y de vivienda de l*s temporer*s, así como la prohibición de las prácticas abusivas de las ETTs. Es fundamental también garantizar un ingreso mínimo para tod*s l*s trabajador*s rurales durante los períodos de inactividad o de bajos ingresos y el establecimiento de la Condicionalidad Social en las ayudas de la PAC y en toda otra subvención o beneficio público establecido para las empresas agrarias.

 

Desde las organizaciones campesinas y de trabajador*s rurales europeas, junto con nuestr*s aliad*s, creemos que, frente a las derivas autoritarias y el control de nuestras vidas por el mercado y las grandes corporaciones, estamos ante una oportunidad histórica para reconstruir nuestras sociedades desde otro modelo agrario, socio-económico y cultural anclado en los derechos humanos y la sustentabilidad del planeta, en el que es fundamental la integración, el respeto y el protagonismo de l*s trabajador*s rurales y de l*s migrantes.

 

FIRMAS

 

ORGANIZACIONES REGIONALES-INTERNACIONALES

 

Coordinadora Europea Vía Campesina

Slow Food Europa

Amigos de la Tierra Europa (Friends of the Earth Europe – FoEE)

Instituto Transnacional – (Transnational Institute) TNI

URGENCI

Comisión para los Trabajadores Migrantes Filipinos – Oficina Internacional

FIAN Internacional

European Alternatives

Global Social Justice

CSIPN

Forum Civique Européen

 

ORGANIZACIONES NACIONALES

 

Crocevia, Italia

Fresh Eyes, Reino Unido

Colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, España

FIAN Bélgica, Bélgica

FIAN Suecia, Suecia

FIAN Austria, Austria

Sostenibilidad y Participación a través de la Educación y el Aprendizaje Permanente (Sustainability and Participation through Education and Lifelong Learning – SPELL), Filipinas

Foro de Acción Social de la India – (Indian Social Action Forum, INSAF) India

Association des Démocrates Thaïlandais Sans Frontières, Francia

Asociación Pleine Mer, Francia

Organización Waling-Waling que apoya a las trabajadoras domésticas migrantes, (Waling-Waling Organization Supporting The Migrant Domestic Workers) Reino Unido

Akhuwat-E-Kissan, Pakistán

Comité Kissan Rabita de Pakistán (Pakistan Kissan Rabita Committee), Pakistán

Red de Desarrollo Rural de Ucrania Unión Pública (Ukrainian Rural Development Network Public Union), Ucrania

Information, Koordination, Tagungen – INKOTA, Alemania

SAP-GA, Bélgica

Grupo de Justicia Alimentaria (Food Justice Group) de la Universidad de Bristol, Reino Unido

Another Europe is Possible, Reino Unido

Sezonieri-Kampagne – Campaña por los derechos de los trabajadores agrícolas migrantes, Austria

Mundubat, Estado Español

ALSO Ol, Alemaña

Left Unity, Reino Unido

Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC), Reino Unido

Institute of Race Relations (IRR), Reino Unido

Sisters of St Louis, (SSL) – English Region, Reino Unido

IBVM/Loretto Sisters, Reino Unido

ONGI ETORRI ERREFUXIAK, Pais Vasco, España.

Collectif de défense des travailleur-euses étranger-ères dans l’agriculture (CODETRAS), Francia

 

ACADEMIA

 

Alessandra Corrado, Universidad de Calabria, Centro Studi per lo Sviluppo Rurale – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Bridget Anderson, Universidad de Bristol, Facultad de Ciencias Sociales y Derecho, Escuela de Sociología, Política y Estudios Internacionales (Faculty of Social Sciences and Law, School of Sociology, Politics and International Studies, SPAIS)

Emma Carmel , Universidad de Bath, Reino Unido

Lydia Medland, Universidad de Bath, Ciencias Sociales y Políticas, Reino Unido

Karel Arnaut , KU Leuven, Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre (IMMRC)

Marta Soler Montiel, Departamento de Economía Aplicada II, Universidad de Sevilla

 

OTROS

 

Julie Ward, ex eurodiputada